* Aunque la presidente municipal de Acapulco argumenta que no es competencia de la ASE realizarle ninguna auditoría de recursos federales, la misma tiene sustento en el Convenio de Colaboración la Auditoría Superior de la Federación (ASF) firmado el 30 de abril del 2024, informa la Auditoría Superior Guerrero

» Angel Blanco
ACAPULCO * 26 de enero, 2026.
) Acapulco Press
Aún cuando la Auditoría Superior Guerrero (ASG), precisa que respetará la resolución definitiva que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Acapulco sí dejó muy claro mediante «precisiones técnicas y legales derivadas de su ámbito de competencia», que la supuesta «Carta de Liberación» emitida por Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la alcaldesa por Morena en Acapulco, Abelina López Rodríguez, » no es una ‘carta de liberación’, sino «un Pronunciamiento de Solicitud de Aclaración» sobre la revisión del Ramo 28 de Participaciones Federales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023.

A través de un Comunicado dirigido este lunes, 26 de enero 2026, a la Opinión Pública desde su página oficial de Facebook, la ASG aclaró que aunque López Rodríguez declaró públicamente «no (tener) problemas con la Auditoría», relacionados con la rendición de cuentas de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para «obras públicas y acciones sociales» en favor de Acapulco, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), reiteró su «postura por hacer cumplir la ley respecto a la fiscalización de los recursos que utilizan todos los entes públicos, en estricto apego a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el Estado».

Por tal motivo, subrayó que «el citado documento (que presentó Abelina López) no es una ‘Carta de Liberación’: Corresponde a un Pronunciamiento de solicitud de aclaración sobre la revisión del Ramo 28 de Participaciones Federales»

Así mismo, estableció que la «Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en cumplimiento al Convenio de Colaboración firmado el 30 de abril del 2024, con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue que «inició un proceso de fiscalización al Ayuntamiento de Acapulco con relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Faismun), que corresponde al Ramo 33 del ejercicio fiscal 2023, es decir, se trata de conceptos y procedimientos totalmente diferentes.

Por último, la ASE deja claro que la «Auditoría Superior del Estado de Guerrero revisa conceptos diferentes al mencionado en las declaraciones, respetando siempre el debido proceso y en beneficio de la transparencia pública», y que, no obstante, «acatará a la resolución definitiva que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional, promovida por el municipio de Acapulco.

LA SOSPECHOSA CARTA

Como si mención en publicaciones anteriormente, la supuesta ‘Carta de Liberación’ que con gran ostentación y ceremoniosa solemnidad triunfalista, presumió la alcaldesa de Acapulco el pasado jueves 22 de enero, existes dos grandes contradicciones en la misma.

* La Primera:

La famosa ‘carta’ está firmada “ojo: el 8 de octubre del 2025″ por Aureliano Hernández Palacios, quien tomó el cargo de auditor especial de Gasto Fiscalizador de la ASF “ojo: el 17 de octubre del mismo año 2025”.

* La segunda:

La firma estampada en el documento presentado por Abelina López está temblorosa y demasiado tenue.

Al respecto, documentos oficiales consultados revelan que la firma del nuevo auditor especial de Gasto Fiscalizador de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández, no es la misma, por lo que se deduce que la firma del auditor especial de la ASF fue «fal-si-fi-ca-da» (se anexa imagen al lado del comunicado de la ASG).

* El presuento delito federal:

Si se somete a investigación y resulta que la Carta y la firma resultan falsas, la Doctora en Derecho Penal por el Colegio Nacional de Matemáticas (Conamat), Abelina López se enfrentaría a otro delito federal más, además de supuesta malversación de recursos federales: La»Falsificación de Documentos», cuyo delito se se castiga, de acuerdo al Código Penal Federal, con penas de prisión y multas que varían según sea un documento público o privado, siendo mayor la sanción para los documentos públicos (generalmente 4 a 8 años de prisión) y menor para los privados (6 meses a 5 años)».

Como licenciada, maestra y doctora en derecho penal. Abelina López debería estar consciente del delito en que incurrió.

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