» Verónica M. | Garrido
CIUDAD DE MÉXICO * 6 de agosto de 2026.
) El País
La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido este jueves en el Estado de México al exgobernador de Guerrero Angel Heladio Aguirre Rivero por encubrir información relevante sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un nuevo rumbo de las pesquisas, la Fiscalía acusa a Aguirre por los delitos de obstrucción a la justicia y de desaparición forzada de personas. Las pruebas tapadas por el exgobernador incluyen un video captado por las cámaras de vigilancia del palacio de justicia en Iguala, en el que se registró el momento en que el autobús donde viabajan los 43 estudiantes fue detenido por policías municipales y estatales, la noche del 26 de septiembre de 2014.

La Fiscal general Ernestina Godoy ha detallado que el Gobierno de Aguirre negó la existencia del video “por fallas técnicas” en las cámaras, pero fue conocido por las autoridades gracias a un testigo colaborador que apuntó en 2023 a una tercera persona encargada de sustraer la cinta para entregarla al entonces mandatario. La versión ha sido confirmada este año por un testigo más, que especificó que fue Aguirre quien ordenó “desaparecer cualquier evidencia”, en una reunión con mandos de alto nivel de su Gobierno. “El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, ha acusado Godoy. La FGR ha informado de que la aprehensión forma parte de un “nuevo modelo de investigación” y el “reanálisis de las actuaciones existentes”, en el caso ocurrido en septiembre de 2014, en uno de los episodios más traumáticos del país.

Aguirre Rivero (nativo de Ometepec, Guerrero, y con 70 años de edad y licenciado en economía por la UNAM), inició su carrera política en la década de los setenta en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ese partido fue gobernador del Estado por primera vez entre 1996 y 1999 cuando sustituyó a Rubén Figueroa Alcocer por la masacre de Aguas Blancas. Ganó las elecciones en 2011 para un segundo mandato, en esa ocasión como parte de la coalición Guerrero nos Une del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT). Aguirre se separó del cargo tras los hechos de Ayotzinapa.

En otros movimientos recientes alrededor del caso, dos semanas atrás, un juez cambió la prisión domiciliaria por un grillete electrónico con restricción de movilidad al exprocurador federal Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa. El priista fue encarcelado en 2022, pero su defensa consiguió la prisión domiciliaria. El mismo día, otro juez condenó a 105 años de prisión a Santiago El carrete Mazari, exlíder del grupo criminal Los Rojos, por secuestro y delitos contra la salud. Mazari fue uno de los narcos locales a los que las familias de los jóvenes pidieron ayuda en 2015 para tratar de revelar detalles de lo ocurrido, cuando desconfiaban de las versiones oficiales.

La manipulación de las investigaciones en el caso Ayotzinapa se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto. Su Gobierno (2012-2018) armó un relato de que el grupo criminal Guerreros Unidos había matado y quemado a los estudiantes en un basurero en Cocula, cerca de Iguala, una versión que después fue refutada.

La falta de resolución continuó en la siguiente gestión por la férrea oposición del Ejército a ser investigado en el periodo de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien prometió a las familias de las víctimas que haría todo por que se conociera la verdad. El pasado 2 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que suaviza la participación del Ejército. En ella señala que la mayor responsabilidad del crimen recae en las corporaciones policiacas de los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan y Tepecoacuilco, coludidas con Guerreros Unidos. Además afirma que no existen pruebas directas que acrediten que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensamx), o el 27 Batallón diseñaran, ordenaran o ejecutaran un plan de desaparición o exterminio de los normalistas. A casi 12 años del ataque, las dudas siguen dominando el paisaje. | EL PAÍS
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COMUNICADO OFICIAL FGR 511/26
6 de agosto, 2026 CDMX, Ciudad de México

FGR informa

Mensaje de la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, sobre avances en investigación sobre el caso Ayotzinapa

Informo al Pueblo de México una operación de suma relevancia, relacionada con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Hechos que conmocionaron a nuestro país y al mundo entero.

Antes que nada, me dirijo a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, así como a todos sus familiares para expresarles toda nuestra solidaridad.

Sepan que en la Fiscalía General de la República, trabajamos incansablemente para llegar a la verdad de los hechos, a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a todas las personas que tuvieron participación en estos repudiables hechos.

Al Pueblo de México le informo que, como parte del nuevo modelo de investigación emprendido por la Fiscalía a mi cargo, ordené el reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación.

Trabajo de reanálisis que acreditó con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación de Ángel «N», ex gobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.

Destaco los puntos relevantes de este trabajo de investigación:

Primero. La noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús «Estrella de Oro» número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del estado en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales.

Segundo. Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema; sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.

Tercero. En enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel «N», además de referir amenazas que explicaban su silencio previo.

Cuarto. En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que Ángel «N» ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Y

Quinto. La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

Estos y otros elementos contenidos en la investigación, permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal.

Por lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Ángel «N», por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, misma que fue cumplimentada este día en el Estado de México con pleno respeto a sus derechos humanos.

Mantendremos al tanto a las familias de los 43 jóvenes y al Pueblo de México sobre nuevos avances en las investigaciones, conforme nos lo permita el debido proceso.

Continuaremos las investigaciones con toda la seriedad, profesionalismo y rigor científico que se requieren. No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos.

Lo reitero. Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias.
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