El exgobernador Ángel Aguirre Rivero, habrá que decirlo, está en la cárcel tras ser detenido por la Fiscalía General de la República, por el delito delito de obstrucción de la justicia, presuntamente por ocultar o destruir videos sobre lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala.

Si. Dos videos en específico que mostrarían qué pasó, o mejor dicho, qué grabaron las cámaras del Palacio de Justicia, cuando un grupo de normalistas de Ayotzinapa, que viajaban en un autobús de pasajeros, fueron interceptados por policías municipales en el Periférico sur-norte, exactamente frente al inmueble del Poder Judicial estatal.

Ése es el delito principal por el que está detenido. Un delito que, en opinión de expertos en Derecho y abogados en materia penal señalan que no es tan grave, por lo que el imputado puede salir libre bajo fianza, por lo que Fiscalía General de la República, le imputó uno más, éste sí grave, para que permanezca en la cárcel, como finalmente ocurre.

Sí. El delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por el que ninguna defensa, por más que mastique fierro a pesar de estar chimuela, puede sacarlo de la cárcel.

Y no solo por la gravedad del delito, sino porque al gobierno federal, el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como al anterior, el de Andrés Manuel López Obrador, les urge resolver el caso como parte de un compromiso presidencial, y porque se les está volviendo en contra, con impacto en la elección federal y estatal del año próximo.

Aguirre Rivero, ciertamente, era el gobernador del estado en el 2014, cuándo ocurrieron los hechos, en dónde la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, fue atacado un grupo de más de 100 normalistas, cuándo habían ido a Iguala a apoderarse de autobuses para asistir a un acto conmemorativo en la Ciudad de México.

Más allá de si los normalistas fueron confundidos con miembros de la delincuencia organizada, o si pertenecían a ésta, o por apoderarse de un autobús cargado de droga, lo cierto es que fueron atacados y perseguidos, razón por la cual un grupo fue detenido precisamente frente al Palacio de Justicia, dónde dos cámaras de video habrían captado lo ocurrido que los llevó a su desaparición.

La existencia de esos vídeos no es nueva. Se conoció al principio de la investigación, al conocerse la existencia de las cámaras, aunque primero las autoridades del Poder Judicial señalaron que no servían, que no habían captado nada. Luego, que sí habían grabado, aunque el contenido no era importante, y por último se dijo que los vídeos habían desaparecido y perdido.

¿Qué pasó con los vídeos? En manos de quién quedaron?

Nadie investigó al respecto, hasta que casi 12 años después, tras la detención de la que fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia, en el tiempo en que ocurrieron los hechos, la Fiscalía General de la República señala que fueron entregados al entonces gobernador, hoy en cárcel para esconderlos o destruirlos.

Es posible que Aquirre Rivero haya solicitado la entrega de los vídeos, como posible decir que se los entregaron. La pregunta es: ¿qué contienen o contenían como para destruirlos? ¿Aparece él en ellos, o quién? ¿Acaso su sobrino, el pendejo?

En fin. Si es cierta la versión de que pidió la desapariciónde los mentados videos, y en el supuesto de que tienen información clave de los hechos de Iguala, Ángel Aguirre sería responsable del delito de obstrucción de la justicia, en su modalidad de ocultar o destruir información de lo ocurrido parcialmente en Iguala.

La imputación del delito de desaparición forzada, solo un añadido para mantenerlo en cárcel…
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