Acusa Zedillo a Morena de instituir una tiranía en México

CIUDAD DE MÉXICO * Abril 29, 2025
) El Heraldo Aguascalientes

El expresidente Ernesto Zedillo acusó a la llamada «Cuarta Transformación», iniciada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de sustituir «una joven democracia por una tiranía», a través de reformas que eliminan contrapesos e instituciones independientes del Ejecutivo.

En un texto publicado en la revista Letras Libres, titulado «México: de la democracia a la tiranía» y el cual amplía la denuncia que hizo durante la reunión anual de la International Bar Association en septiembre pasado en la Ciudad de México, es que los gobiernos de Morena encaminan al país a un régimen tiránico.

«El Gobierno de Morena se ha otorgado la prerrogativa de disponer, sin ningún control judicial, cambios constitucionales, aun si estos violan el respeto a los derechos humanos, la separación de poderes y las otras bases esenciales en las que deben sostenerse la democracia y el Estado de derecho. La amplia puerta hacia el autoritarismo que el Gobierno de Morena ha construido mediante una serie de actos ilegales y antidemocráticos se está usando sin pudor alguno.

«Esto es claro en el caso de la reforma judicial, pero igualmente en la eliminación constitucional de los llamados organismos autónomos, encargados del acceso a la información y la protección de datos, la promoción de la competencia y la prevención de prácticas monopólicas, la regulación en el sector energético, la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y la medición de la pobreza y la evaluación de la política social», describe el expresidente Zedillo.

En su texto, el exmandatario defiende las reformas judicial y electoral que impulsó durante su sexenio (1994-2000) y sostiene que la actual reforma judicial, impulsada por Morena, destruye los avances logrados.

«La reforma hoy en marcha destruye todos esos avances, politiza la impartición de justicia y somete la Corte a los intereses de un solo partido», acusa.

Para Zedillo, la llamada Cuarta Transformación no sigue el legado de la Independencia, la Reforma o la Revolución Mexicana, como afirma Morena, sino que «emula los atropellos» que se hicieron contra estos movimientos históricos.

Además, denuncia que el partido en el poder ha capturado órganos electorales, como el INE y el TEPJF, así como judiciales mediante nombramientos de personas afines, para afianzar sus políticas y reformas.

«Las autoridades electorales obsequiaron a Morena y aliados la mayoría calificada (más de dos tercios) en la Cámara de Diputados, lo que les dio el poder de aprobar iniciativas de cambios constitucionales.

«En el Senado, les faltaba un voto para alcanzar la mayoría calificada. Lo obtuvieron obscenamente ofreciendo a un senador de oposición impunidad para él y sus familiares, todos ellos acusados de graves delitos», plantea.

A decir del ex Mandatario, la reforma judicial será «una farsa» para justificar la remoción de jueces, magistrados y ministros, y sustituirlos por personas cercanas al poder político.

«La elección de junio más bien parece un ensayo de lo que viene para futuros procesos electorales federales y estatales, donde la opacidad y el fraude, incluso peores que en los viejos tiempos, serán los rasgos dominantes.

«La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha cumplido hasta ahora su promesa de continuar sin desviaciones los proyectos de su antecesor. No cabe duda de que, en el más trascendente de ellos -la destrucción de la democracia mexicana-, la Mandataria merece una nota de sobresaliente», acusa Zedillo.

«Para considerarse democrática, una nación debe tener elecciones libres, división de poderes, un poder judicial independiente y profesional; todo esto lo están destruyendo el actual Gobierno y su partido»

«Cuando la Presidenta nos dice que México está por convertirse en el país más democrático del mundo, tristemente nos está mintiendo a todos los mexicanos. Nuestra joven democracia ha sido asesinada».

) acapulcopress.com

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México | De la democracia a la tiranía

» ERNESTO | ZEDILLO PONCE DE LÉON*
) Letras Libres

A diferencia de la actual reforma judicial, la impulsada por Ernesto Zedillo en 1994 fortaleció la independencia de la Corte, la dotó de profesionalismo y le brindó capacidades para fungir como contrapeso del presidente y el Congreso. La reforma hoy en marcha destruye todos esos avances, politiza la impartición de justicia y somete la Corte a los intereses de un solo partido. Las formas con las que el oficialismo ha impuesto su iniciativa –con mentiras, extorsiones y fraudes a la Constitución– dibujan de cuerpo entero un proyecto político que desprecia la ley, la división de poderes y finalmente la democracia. La eliminación de organismos autónomos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la desaparición del derecho efectivo a la transparencia, la cooptación de las fuerzas armadas y la captura del poder judicial –todas ellas acciones emprendidas por el partido gobernante– dejan al descubierto que la “transformación” buscada por Morena consiste en acabar con la joven democracia mexicana y construir en su lugar un régimen tiránico.

Siempre me pareció que proclamar como misión de su partido alcanzar la “cuarta transformación” –sugiriendo que la suya completaría las de Independencia, Reforma y Revolución– era un despropósito mayúsculo de Andrés Manuel López Obrador. Parecía inverosímil que alguien, incluso un demagogo como el fundador de Morena, se atreviera a compararse con los mexicanos excepcionales que habían logrado sentar las bases de nuestra nación. Por absurda que pareciera, su ampulosa proclama se convertía en un acertijo: ¿Cuál era la verdadera naturaleza de la transformación morenista en el poder? En los últimos meses de su gobierno y los primeros de su sucesora, Claudia Sheinbaum, el acertijo quedó diáfanamente resuelto: la transformación prometida era en realidad la de sustituir nuestra joven democracia por una tiranía.

Las verdaderas “transformaciones” que antecedieron a la “cuarta” de Morena son otras y están indeleblemente inscritas en nuestra historia. La primera fue aquella en que déspotas y caciques transformaron la prometedora independencia de la joven nación en miseria para el pueblo y en pérdida de gran parte del territorio nacional. Transcurrieron muchos años de empobrecedoras luchas fratricidas y desgobierno, para que los patriotas liberales llevaran a cabo la Reforma inscrita en la Constitución de 1857, lo que nos dio las bases para construir una república libre y democrática. Además, los liberales, con el liderazgo del presidente Juárez, resistieron y vencieron una invasión francesa que en complicidad con el bando conservador buscó imponernos a un príncipe extranjero como soberano.

Por desgracia, la ambición de poder de un gobernante terminó por volcarse contra los ideales de la Constitución liberal y transformó la Reforma en una prolongada dictadura. En 1910, el movimiento encabezado por Francisco I. Madero venció a la dictadura y restauró la república democrática. No obstante, las fuerzas del autoritarismo –siempre acechantes– no tardaron en conspirar y asesinarlo. Así, la democracia de Madero quedó convertida en una tiranía.

Los mexicanos se deshicieron en 1914 de aquel poder usurpador. La Revolución mexicana dio pie a la Constitución de 1917 y, al institucionalizarse, hizo posible un largo periodo de estabilidad y avance, aunque demoró la promesa de democracia que había dado origen a la propia Revolución. No obstante, gracias al empeño de ciudadanos, intelectuales y políticos de varias generaciones y distintas militancias, se dieron progresivamente reformas para hacer realidad la democracia que había prometido Madero. Cuando concluía el siglo xx, los mexicanos logramos por fin decir con orgullo que pertenecíamos a una nación con auténtica democracia, la misma que ahora los gobernantes de Morena están transformando en otra tiranía.

Mientras asegura continuar los avances logrados en la Independencia, la Reforma y la Revolución, el movimiento morenista está, en realidad, emulando los atropellos que se hicieron contra la Independencia, la Reforma y la Revolución. Los mismos que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedias para la nación. Habiendo accedido al poder gracias a la democracia que, al cabo de muchas luchas, alcanzamos los mexicanos, López Obrador y su partido se han empeñado –y mucho han avanzado– en destruirla. De no corregirse, esta infamia tendrá terribles consecuencias para el presente y futuro del país. No solo cancelará oportunidades de desarrollo sino la libertad y los derechos fundamentales de los mexicanos.

La actual desventura de México me forzó a cambiar la decisión tomada, desde que concluí mi responsabilidad como presidente, de abstenerme de comentar públicamente los acontecimientos políticos de la nación. Lo hice justamente1 el día que López Obrador –en un 15 de septiembre, burlonamente, y con la presidenta electa a su lado– firmó la promulgación de la reforma a la Constitución, para destruir la independencia y el profesionalismo del poder judicial mexicano, a la que han seguido otras que completarán la tarea de demoler nuestra joven democracia.

La indignación que siento frente a esta realidad sería idéntica bajo cualquier circunstancia, pero el hecho de que por mandato de los mexicanos haya sido yo parte de la construcción de la democracia hoy asediada, me obligó a romper mi silencio para denunciar este histórico atropello.

Desde mi protesta como candidato a la presidencia, a lo largo de mi campaña electoral y al tomar posesión como presidente, me comprometí a emprender las reformas necesarias para hacer de México una verdadera democracia, por supuesto incluyendo su elemento indispensable: un poder judicial independiente. Ese compromiso obedecía a mi convicción de que México no había podido satisfacer las demandas de progreso económico, social y político porque fundamentalmente había fracasado en construir una democracia auténtica.

Desde el fin de la lucha armada revolucionaria en la década de 1920, nuestro país fue uno en el que, a diferencia de muchos otros de América Latina y el mundo, los poderes ejecutivo y legislativo se renovaban periódicamente mediante elecciones regulares y multipartidistas, aunque limitadas. A pesar de que la Constitución estipulaba la democracia como nuestro régimen político, las reglas formales e informales eran tales que, durante mucho tiempo, los partidos políticos distintos al PRI –mi partido– no tenían oportunidad de ganar esas elecciones periódicas. A nivel nacional y local, prevalecieron reiteradamente los gobiernos, tanto del poder ejecutivo como del legislativo, provenientes de un mismo partido, aunque con la regla de oro de no reelegirse. Esos mismos gobiernos eran los responsables de organizar y validar las elecciones. Sin duda, la estabilidad política que trajo el dominio de un partido único produjo un progreso económico y social significativo durante varias décadas y permitió la creación de instituciones importantes y útiles.

Pero también tuvo un alto costo: un ejercicio del poder arbitrario, sin controles ni contrapesos adecuados por parte del Congreso ni del poder judicial. Contrario a lo dispuesto en la Constitución, el Congreso no reguló las acciones del presidente y, en cambio, asumió que su papel era respaldar incondicionalmente al ejecutivo. Ese apoyo fue beneficioso para ciertos propósitos. Sin embargo, durante las épocas de mayores desafíos, ello también consintió el uso abusivo de la autoridad, lo que se tradujo en la formulación de políticas equivocadas que llevaron a graves crisis económicas e incluso a la represión política.

México nunca podría tener
democracia efectiva sin un
poder judicial profesional,
imparcial e independiente,
encabezado por una Corte Suprema
con esos mismos atributos.

La Constitución de 1917 postulaba la independencia e imparcialidad del poder judicial pero pronto, a través de una sucesión de reformas, se ignoró ese ideal. En última instancia, esas reformas buscaron, en general, ampliar la capacidad del presidente de la república para influir, e incluso controlar, a la Suprema Corte de Justicia, permitiendo que sus actos de gobierno se llevasen a cabo sin ser obstaculizados por un poder judicial independiente. Había múltiples medios de control del ejecutivo sobre el judicial, desde el nombramiento de los ministros y jueces hasta el control de su presupuesto. Durante la mayor parte del siglo xx, el poder judicial se transformó simplemente en una parte del sistema político de México, basado en el predominio de un partido, esencialmente al servicio del liderazgo en turno. Con frecuencia, la Corte dejó de proteger los derechos individuales, aprobó políticas y acciones gubernamentales que carecían de fundamento constitucional y limitó el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Tenía claro que México nunca podría tener democracia efectiva sin un poder judicial profesional, imparcial e independiente, encabezado por una Corte Suprema con esos mismos atributos y además con la facultad adicional de declarar inconstitucionales las leyes y las acciones del gobierno cuando la razón jurídica lo ameritaba. Para subsanar la anomalía antidemocrática de no contar con un poder judicial independiente, a los cinco días de asumir la presidencia envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional. Expliqué públicamente a la ciudadanía la importancia de la reforma propuesta, pero lo que resultó también crucial fue acudir en persona a ambas cámaras del Congreso para solicitar de la manera más respetuosa a los legisladores de todos los partidos que consideraran seriamente la iniciativa, así como comenzar a trabajar juntos hacia una importante reforma electoral. En mis encuentros con los legisladores, la premisa fue siempre el diálogo con todos los partidos, jamás la imposición. Con modificaciones introducidas por el Congreso mismo en ejercicio de sus atribuciones, el logro de la reforma de 1994 significó una ruptura con el pasado cuasi autoritario de México, al cual contribuyó una Corte esencialmente subordinada al presidente de la república.

La reforma de 1994 fortaleció de manera significativa y sensata el control judicial y los poderes constitucionales de la Corte, dotándola de una amplia y más fuerte facultad de decidir sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad y las leyes, y de derogar total o parcialmente la ley o el acto bajo su control. Fue provista de la capacidad para decidir sobre controversias jurídicas entre los gobiernos federal y estatales, entre los gobiernos estatales y los municipios, y entre diferentes municipios. Se le atribuyó la facultad de decidir sobre los casos de inconstitucionalidad interpuestos por solo un tercio de cualquiera de las cámaras del Congreso federal contra leyes o resoluciones federales, y por solo un tercio de las legislaturas estatales contra sus propias leyes o resoluciones estatales. La reforma no solo fortaleció el federalismo sino su capacidad de proteger los derechos de las minorías políticas. Además, la reforma creó el Consejo de la Judicatura, al que se encargaron funciones como administrar el presupuesto judicial, nombrar a los tribunales inferiores, determinar criterios rigurosos de mérito y desempeño, y establecer mecanismos de supervisión. En consecuencia, se fortalecieron los requisitos para elevar los estándares profesionales de los miembros del sistema judicial y se frenó la laxitud tradicional en los nombramientos y jubilaciones por motivos políticos.

Una vez promulgada la reforma del poder judicial, convoqué a todos los partidos políticos a iniciar negociaciones para una reforma electoral que hiciera de México una democracia plena y funcional. El país había avanzado en esa dirección desde la notable reforma política de 1977, a la que siguieron otras reformas a lo largo de los años, aunque ninguna alcanzó un resultado ideal. Las reglas y los procedimientos electorales habían evolucionado hasta el punto de garantizar un conteo exacto de los votos. Por esta razón, a diferencia de casos anteriores, ningún partido de oposición impugnó la legalidad de mi elección en 1994. Sin embargo, las condiciones para la competencia electoral seguían siendo inequitativas. No dudé en afirmar públicamente que mi elección había sido legal, pero no justa. Esa fue la manera de señalar mi firme intención de promover con seriedad y buena fe la reforma propuesta.

Las negociaciones que siguieron fueron arduas en extremo, por muchas razones. No solo los temas eran complejos y había que superar la desconfianza entre las partes, sino que debieron llevarse a cabo en medio de una terrible crisis financiera que se registró en el país al inicio del nuevo gobierno. Nos enfrentamos de manera firme a la crisis económica, con acciones dolorosas pero necesarias –y obviamente impopulares–, todo lo cual creó un ambiente político poco propicio para la negociación. Tuve claro que las duras decisiones que debía tomar para enfrentar la crisis animarían a políticos oportunistas y demagogos a lucrar políticamente con la situación. No me importó, pues mi deber no era ser popular sino hacer lo necesario para que México superara la amenaza de sumirse en el estancamiento económico y el retroceso social por muchos años. Con el esfuerzo de todos, se logró y en los siguientes cinco años la economía del país creció a un promedio anual considerablemente mayor al registrado en dos décadas y que lamentablemente no se ha repetido, al tiempo que pudieron emprenderse políticas sociales que combatían frontalmente la pobreza. Esto se hizo sin condicionamientos políticos o clientelismos electorales, pues tales condicionamientos son el trato más indigno y humillante a los grupos menos favorecidos. Pese a las dificultades, al cabo de dieciocho meses de arduos esfuerzos, el proceso llegó a una conclusión satisfactoria: todos los partidos acordaron una importante reforma constitucional que cambió radicalmente las instituciones, normas y procedimientos electorales.

Como resultado de esa reforma, el Instituto Federal Electoral (ife) se volvió verdaderamente autónomo respecto al ejecutivo. Entre muchos resultados importantes, la reforma estableció condiciones precisas para el financiamiento y el acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos y sus candidatos a fin de garantizar la equidad en la competencia electoral. Asimismo, se estipuló el principio de que la autoridad electoral debe contar con recursos presupuestarios suficientes para cumplir con los más altos estándares en recursos humanos, equipo y todas las demás capacidades necesarias que exija el cumplimiento de su responsabilidad crucial de proteger el voto de los ciudadanos. La protección de este derecho fue reforzada con la creación de un Tribunal Electoral Federal autónomo dentro del poder judicial, para resolver todas las controversias electorales, al tiempo que dio a la Suprema Corte el poder de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes electorales tanto a nivel federal como estatal.

La elección de junio más bien
parece un ensayo de lo que
viene para futuros procesos
electorales federales y estatales,
donde la opacidad y el fraude, incluso
peores que en los viejos tiempos,
serán los rasgos dominantes.

Gracias a la reforma de 1996, los ciudadanos de la Ciudad de México obtuvieron el derecho a elegir democráticamente a su jefe de Gobierno, en lugar de que el cargo fuese designado por el presidente, como había sido el caso durante mucho tiempo.

La reforma de 1996 estableció las condiciones para que México tuviera por fin elecciones competitivas, imparciales y justas; en una palabra, impecables, como me había comprometido. Se contó con la participación honorable y enriquecedora de los dirigentes de todos los partidos políticos de entonces, a quienes siempre he guardado respeto y gratitud. Esa reforma, junto con la reforma al poder judicial de 1994, proporcionó las condiciones para una democracia con una verdadera división de poderes y una presidencia efectivamente equilibrada por los otros poderes del Estado. Ello marcó el fin de la presidencia autocrática y abusiva, y el ansiado arribo de una presidencia verdaderamente democrática.

Con las instituciones, reglas y procedimientos creados por ambas reformas, en 1997 se celebraron elecciones al Congreso federal. Mi partido perdió la mayoría absoluta de la que había disfrutado durante casi siete décadas y se inició una nueva era de gobierno “dividido”, pero ciertamente democrático. Además, las elecciones de 2000 produjeron, por primera vez en la historia moderna de México, un presidente de un partido de oposición.

Si bien con esas reformas México adquirió una verdadera democracia, no tuve la pretensión de que fueran permanentes y nunca necesitaran modificaciones. Entendía que la experiencia en su aplicación y, por supuesto, los cambios en las circunstancias internas y externas del país harían aconsejable y necesario, con el tiempo, introducir ajustes a lo establecido en las reformas de 1994 y 1996, así como buscar avances institucionales adicionales. Confiaba, sin embargo, en que cualquier nueva reforma reforzaría nuestra democracia hasta convertirla en sólida e irreversible, y que siempre se respetarían la legalidad, la competencia y la independencia tanto de las instituciones electorales como del poder judicial, como piedras angulares del sistema.

Desdichadamente, esa condición, indispensable para la existencia de la democracia, ha sido transgredida sistemáticamente por López Obrador, incluso desde muchos años antes de convertirse en presidente del país e indudablemente con mucho mayor agresividad desde que asumió esa posición. El expresidente atacó sin descanso la independencia y la capacidad institucional del Instituto Nacional Electoral (ine). Con justificaciones no apegadas a la verdad, no dudó en calumniar, insultar y amenazar tanto a la institución como a las personas elegidas para garantizar que el ine cumpliese su misión constitucional. Además, se aseguró de que el ine sufriera una reducción arbitraria y significativa de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.

López Obrador siempre mostró un abierto y desafiante desprecio por las reglas y procedimientos establecidos en la ley sobre lo que el gobierno no debe hacer antes, durante y después de las campañas electorales. El entonces presidente y miembros de alto nivel de su gobierno y su partido violaron en numerosas ocasiones los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante las elecciones federales y estatales para favorecer a los candidatos del partido gobernante. Cada vez que el ine advirtió al ejecutivo sobre alguna ilegalidad, su respuesta siempre fue el rechazo, la burla y el desacato.

Con el poder judicial fue igualmente agresivo: no solo cuestionó, al margen de los procedimientos legales, los fallos de jueces, magistrados y ministros cuando las opiniones o sentencias no eran de su gusto, sino que también calumnió e insultó a la institución y a miembros de la Judicatura en lo individual.

De todos los ataques de López Obrador a la independencia de las autoridades electorales y el poder judicial, lo que le resultó, con mucho, más beneficioso fue su estrategia de maniobrar para ocupar vacantes en la Suprema Corte de Justicia, el ine y el Tribunal Electoral, con personas dispuestas a obedecer sus indicaciones, incluso contraviniendo la Constitución y las leyes, personas que en repetidos casos ni siquiera satisfacían los estándares éticos y profesionales requeridos.

Fue notorio cómo creó, antes del plazo legalmente establecido para su sustitución, una vacante en la Suprema Corte, mediante amenazas y extorsión a un ministro. Las maniobras para colocar incondicionales en la Corte quedaron a la vista de todos con el caso de una ministra que había obtenido su título mediante plagios. Al quedar descubierta, lejos de renunciar al puesto, se aferró al mismo y ahora hace campaña para ser electa de nuevo a la Corte e incluso llegar a su presidencia. En contraste, cuando López Obrador promovió el nombramiento de una jurista preparada y honesta, que no se avino a sus consignas, procedió a decir que su arribo a la Corte había sido un error y sin ningún recato la calificó de “traidora”. Su mayor trofeo en el poder judicial fue haber doblegado, por medios aún desconocidos, al entonces presidente de la Corte, quien no solo validó acciones inconstitucionales del ejecutivo y el Congreso, sino que intentó, de modo ilegal, extender su periodo al frente de la scjn. Más tarde renunció a su posición de ministro antes de tiempo para ser asesor en el gobierno y, como tal, respaldar la nociva reforma al poder judicial, el mismo que lo había distinguido con su presencia. Además, con aquel retiro prematuro, el ministro le obsequió al presidente otra vacante que fue utilizada para degradar aún más la calidad y autonomía de la Corte.

El criterio de obediencia a los intereses del partido gobernante fue también el que prevaleció en los nombramientos en las vacantes de las autoridades electorales (ine y Tribunal), lo que llegado el momento facilitó la comisión de graves ilegalidades por parte de López Obrador y su partido. Las personas designadas por el presidente, quienes no mostraron la imparcialidad indispensable para aplicar la ley, otorgaron al partido oficial y a sus socios de coalición el 74% de los escaños en la Cámara de Diputados, pese a haber obtenido el 54% de acuerdo con las votaciones. El partido oficial justificó esa alevosa sobrerrepresentación, que violaba flagrantemente la Constitución mexicana, mediante una interpretación retorcida y mal intencionada de las reglas para la asignación de escaños a las coaliciones. Las autoridades electorales obsequiaron a Morena y aliados la mayoría calificada (más de dos tercios) en la Cámara de Diputados, lo que les dio el poder de aprobar iniciativas de cambios constitucionales. En el Senado, les faltaba un voto para alcanzar la mayoría calificada. Lo obtuvieron obscenamente ofreciendo a un senador de oposición impunidad para él y sus familiares, todos ellos acusados de graves delitos.

López Obrador no tardaría en utilizar las mayorías calificadas, obtenidas gracias a un fraude a la Constitución y a un acto mafioso, para ejecutar su venganza contra la Suprema Corte que, habiendo mantenido una mayoría para actuar con integridad y simplemente aplicando la Constitución, se le cruzó en su camino. Tenía lista su iniciativa de “reforma”, que en realidad buscaba demoler el poder judicial que había existido desde 1995, destrucción que comprende su independencia, estándares profesionales y demás capacidades de ese poder para impartir justicia.

La Cámara de Diputados de la nueva legislatura comenzó su periodo de sesiones el 1 de septiembre de 2024; el 80% de los diputados se desempeñaba en el cargo por primera vez. Sin tiempo suficiente para estudiar la iniciativa de reforma judicial ni discutirla, la mayoría calificada del partido oficial la aprobó el 3 de septiembre. El Senado hizo lo mismo ocho días después. Obsceno también fue el plazo de dos días en que las legislaturas estatales con mayoría oficialista ratificaron lo aprobado por el Congreso federal, sin sujetarse a los procedimientos establecidos por la ley. Así, el proceso legislativo para la aprobación de la iniciativa de López Obrador fue un gran fraude a la Constitución, y a las leyes y los regímenes interiores de las cámaras del Congreso. Categóricamente su aprobación constituyó una felonía histórica.

Con la mal llamada “reforma” judicial, todos los jueces, magistrados y ministros de la Judicatura federal serán removidos y sustituidos por personas supuestamente electas por voto popular. Estos comicios son una farsa no solo en su justificación sino también en su ejecución, como ya se ha puesto palmariamente en evidencia. En los hechos, el gobierno ha determinado a la mayoría de los candidatos, sin asegurarse de que sean realmente personas que reúnan las calificaciones profesionales y éticas para impartir justicia. Los requisitos para ser candidato a juez o magistrado son a todas luces ridículos. Además, no se están dando las condiciones para llevar a cabo la votación con equidad, pulcritud y transparencia. Con todo tipo de triquiñuelas, se están desechando las reglas y prácticas que garantizaban el respeto al voto de los mexicanos que existió desde la reforma electoral de 1996. La elección de junio más bien parece un ensayo de lo que viene para futuros procesos electorales federales y estatales, donde la opacidad y el fraude, incluso peores que en los viejos tiempos, serán los rasgos dominantes. Es palmario que toda la trama es para contar con un aparato judicial federal sujeto a la voluntad del partido que ya controla a los poderes ejecutivo y legislativo, partido que a su vez sigue controlado por López Obrador.

El procedimiento de elección se reproducirá en los poderes judiciales estatales. Es evidente que los miembros del poder judicial así instalados no deberán su puesto a las personas que voten en las elecciones judiciales –ya que esas elecciones serán una monumental impostura–, sino que esos miembros deberán su lugar a sus patrones políticos que los incluyeron en las listas electorales, así como a otros promotores cuestionables que bien podrían ser delincuentes que financian y apoyan sus campañas.

Habrá, por tanto, jueces, magistrados y ministros que obedecerán, no a la ley, sino al poder político dominante. Y por si hubiera dudas, no se olvide que el nuevo régimen dispondrá también de los medios para castigar a los “desobedientes”, como puede comprobarse con facilidad viendo lo que serán los órganos que sustituirán al Consejo de la Judicatura: un nuevo órgano de administración judicial y el vergonzoso Tribunal de Disciplina Judicial.

La reforma no ofrece nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia. Nada tiene para alcanzar los cambios institucionales y los recursos adicionales –humanos y materiales– necesarios para hacer efectivo el derecho fundamental a la justicia. Además, se aleja, y mucho, de lo que debe existir en toda democracia: igualdad ante la ley, protección de derechos, imparcialidad, acceso a la justicia, capacidad de respuesta, transparencia, debido proceso y proporcionalidad. De hecho, está fabricada para violar prácticamente todos estos principios. Su intención es, para decirlo con simpleza, arrasar con el poder judicial como entidad independiente y profesional, y ponerlo al servicio de quienes detentan y concentran el poder político.

Todos los argumentos dados en su momento por el expresidente López Obrador, y repetidos por su sucesora, en defensa de esta atrocidad jurídica y política son falaces de principio a fin. Han dicho, por ejemplo, que en otras partes del mundo también se elige jueces por voto popular y mencionan a los Estados Unidos como referencia. Sin embargo, olvidan aclarar que esto nunca ocurre a nivel federal y que solo algunos estados lo llevan a cabo a nivel local. De hecho, el consenso de los constitucionalistas serios de todo el mundo es muy claro: la elección de jueces mediante el voto popular socava e incluso anula la imparcialidad, independencia e integridad judicial.

Otro ejemplo de manipulación con que el expresidente y la presidenta han defendido la remoción de toda la Judicatura federal y estatales como resultado de su reforma está dado por la maliciosa referencia a la reforma de diciembre de 1994. La presidenta incluso ha dicho que “Zedillo desapareció la Corte”, una afirmación por completo falsa. Con objeto de contar con una Suprema Corte compacta, competente y renovable, la reforma de 1994 cambió el mandato vitalicio por uno de quince años y ajustó su tamaño de veintiséis (al que se había llegado por razones esencialmente políticas) a once jueces. Este número era el que había dispuesto la Constitución de 1917. La adaptación a una Corte más pequeña planteó el desafío de no hacer diferencias irrespetuosas o interesadas entre los ministros entonces vitalicios. Para abordar esto de manera justa, la reforma incentivó la jubilación anticipada de todos ellos, lo que también permitió un retorno inmediato a la regla original de la Constitución de 1917, que obligaba al Senado a elegir a los jueces de entre ternas presentadas por el ejecutivo. Las personas propuestas debían cumplir con estándares específicos y de un rigor sin precedentes. El presidente dejó de tener la facultad de designar a los ministros, y por lo mismo no procedía que yo determinase quiénes de los veintiséis ministros debieran retirarse y quiénes permanecer para llegar al número reducido del nuevo tribunal. Esta es la causa de facilitar el retiro de la totalidad de los integrantes de la Corte en 1995. Las ternas que sometí al Senado se basaron en las propuestas hechas por las barras de abogados, instituciones académicas de derecho y distinguidos juristas, en las que figuraban unos pocos de los que irían a retiro. Me complació saber que con ninguna de las once personas elegidas en 1995 por el Senado para ser ministros de la Corte había tenido yo jamás una relación profesional, política o personal previa. Esa Suprema Corte de Justicia dio prueba irrefutable de su independencia durante mi gestión al fallar en contra del ejecutivo, que yo encabezaba, en asuntos muy importantes, decisiones que fueron invariable y plenamente respetadas por el gobierno federal.

Estos hechos, de los que dan rigurosa cuenta múltiples fuentes académicas y de información general disponibles, acreditan la naturaleza calumniosa de la referencia a la reforma de 1994 utilizada por el expresidente y la presidenta para abogar por su propia reforma. Concibieron la suya para subordinar el poder judicial al ejecutivo, de ninguna manera para independizarlo y fortalecerlo como se había logrado hace treinta años. Lamentablemente, la defensa pública de la antidemocrática reforma recientemente ha sido encabezada por la propia presidenta de México, quien no ha tenido rubor alguno para repetir los decires –incluyendo los insultos– que en su momento usó su antecesor para justificar el mayúsculo atropello; tampoco lo ha tenido para copiar los cuestionables métodos para imponerla.

Su reforma es llanamente antidemocrática, pues no solo acomete contra la necesaria división de poderes, sino que hiere de muerte la función de control de constitucionalidad que debe tener la Suprema Corte para revisar y evaluar si los actos y leyes del ejecutivo y el legislativo están conformes con la Constitución y, de no ser el caso, anularlos o declararlos inaplicables. El objetivo de invalidar esa esencial función de la Corte ha quedado incuestionablemente claro por la manera en que el partido oficial fue destruyendo las salvaguardas constitucionales que existían en su afán por impulsar una reforma violatoria de principios universales de justicia y derechos humanos.

Como era de esperarse, la reforma de López Obrador fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se requería que ocho de los once ministros de la Corte aprobaran el proyecto de dictamen que la hubiese declarado sustancialmente inconstitucional. Era un hecho que tres titulares, nombrados durante el periodo del anterior presidente y que sistemática y dócilmente respaldaron los actos de su gobierno, votarían en contra del proyecto. En el último momento a este grupo se le unió un cuarto ministro para oponerse a la sentencia, evitando así su aprobación. Francamente, este vuelco hizo recordar la manera en que el partido oficial había logrado la mayoría calificada en el Senado. El propio ministro explicó el porqué de su alineamiento con el oficialismo pero sus razones solo nutrieron la suspicacia. Su afirmación de que no votó por el proyecto de sentencia, porque nunca la Suprema Corte había declarado inconstitucional una reforma constitucional, es grotesca. Sencillamente, nunca se le había presentado a la Corte tal predicamento porque nunca se había pretendido cambiar autocrática y radicalmente el régimen político heredado de la Revolución mexicana. Ni siquiera durante el priismo hegemónico sus gobiernos se atrevieron a desechar formalmente –aunque su práctica dejó mucho que desear– la arquitectura institucional con democracia, división de poderes y derechos fundamentales, prevista en la Constitución de 1917, destrucción que claramente sí comprende la reforma judicial de López Obrador. Estuvo en las manos del ministro habilitar a la Corte para detener este atentado gravísimo contra la democracia y el Estado de derecho en el país. Con su voto en contra, para su deshonra, el señor ministro permitió un cambio fundamental en el régimen político del país para el cual, contra lo que dice falsamente la presidenta, el pueblo de México nunca ha sido consultado (mucho menos de modo alguno en las pasadas elecciones federales).

En su intento por asegurarse de que la Corte no declarase inconstitucional la iniciativa de López Obrador, el régimen de Morena llevó a cabo otro grave atropello: una reforma a la que tramposamente denominaron de “supremacía constitucional”. Aprobada como de costumbre de albazo y penosamente avalada por la presidenta Sheinbaum, esta nueva reforma establece que cualquier modificación a la Constitución, aprobada por el Congreso federal y ratificada por la mayoría de los congresos estatales, tendrá carácter definitivo y no podrá ser revisada ni declarada inválida por la Suprema Corte, incluso si entra en conflicto con otros artículos de la misma Constitución.

Con este acto criminal se elimina la posibilidad de que la scjn ejerza control sobre el contenido de las reformas constitucionales, incluyendo la revisión de su compatibilidad con principios de la más alta jerarquía, como lo son los derechos fundamentales o los indispensables para denominar a México como una nación democrática. En otras palabras, el gobierno de Morena se ha otorgado la prerrogativa de disponer, sin ningún control judicial, cambios constitucionales, aun si estos violan el respeto a los derechos humanos, la separación de poderes y las otras bases esenciales en las que deben sostenerse la democracia y el Estado de derecho. Este paso enorme hacia un régimen tiránico pone a México en situación de desacato de los tratados internacionales que, entre otras importantes materias, buscan promover, respetar, proteger y garantizar la supremacía de los derechos humanos en el mundo y en las naciones que los integran.

La imaginación es el único límite para las barbaridades que ya está cometiendo y podrá cometer el gobierno de Morena con la eliminación del control judicial sobre cambios en la Constitución. Piénsese que con su “supremacía constitucional” el régimen podría restringir drásticamente la libertad de expresión o de asociación, e incluso llegar al extremo de eliminar la no reelección presidencial –por la que se dio la Revolución mexicana, ni más ni menos.

La amplia puerta hacia el autoritarismo que el gobierno de Morena ha construido mediante una serie de actos ilegales y antidemocráticos se está usando sin pudor alguno. Esto es claro en el caso de la reforma judicial, pero igualmente en la eliminación constitucional de los llamados organismos autónomos, encargados de delicadas materias como el acceso a la información y la protección de datos, la promoción de la competencia y la prevención de prácticas monopólicas, la regulación en el sector energético, la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y la medición de la pobreza y la evaluación de la política social.

Estos organismos fueron dotados, mediante la propia Constitución o las leyes, de independencia formal del gobierno, con consejeros o comisionados designados a través de procesos no solo con participación del Congreso sino también de la sociedad civil, lo que buscaba reducir la injerencia directa del ejecutivo. También fueron instruidos legalmente para operar con criterios técnicos, no políticos, consecuentes con decisiones basadas en estudios y evidencia objetiva, con la obligación de rendir cuentas al Congreso y transparentar su desempeño mediante reportes públicos. Al pasar esas funciones al control gubernamental, se crearán mayores espacios para la arbitrariedad, decisiones con fines exclusivamente políticos, opacidad y ocultamiento, y obviamente corrupción. El gobierno tendrá en sus manos instrumentos adicionales para acrecentar las clientelas políticas y fuentes de financiamiento encubierto de su partido, además de facilitar la corrupción de funcionarios gubernamentales. Con la desaparición de los organismos autónomos se está perdiendo otro importante contrapeso al uso abusivo del poder público, es decir se cercena otra parte del cuerpo de la democracia del país.

El régimen aprovechó su fraudulento dominio del Congreso para cometer otra tropelía contra la democracia y las garantías individuales de los mexicanos: establecer sólidas bases para la cooptación de las fuerzas armadas –histórica y ejemplarmente las de México se habían sujeta- do de manera legal y funcional al poder civil, a diferencia de otros países en América Latina– no solo al entregarles la Guardia Nacional –lo que únicamente ha ocurrido en países no democráticos–, sino, quizás de manera más siniestra, al dejarlas expuestas para que se conviertan en parte interesada en la preservación de un régimen autoritario y corrupto. Esto, por cierto, traiciona y elimina el principio existente desde la Constitución de 1857 de que las fuerzas armadas solo podrán ejercer funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. En adelante esta importante precisión desaparece y quedarán a lo que las leyes, producidas por el partido en el poder, les requiera, eso sí, preservando el fuero militar y sin estar sujetas a las condiciones de transparencia y rendición de cuentas aplicables a los civiles que participen en actividades similares. Convertir a los ejércitos y a sus comandantes en cómplices de dictaduras latinoamericanas y de otras partes del mundo ha rendido excelentes frutos a gobernantes déspotas. Esta experiencia ahora se institucionaliza en México con Morena en el poder. Pero eso no es todo: la Guardia Nacional –ahora un órgano del ejército– podrá investigar delitos con autonomía e independencia del ministerio público. Las reformas recientes asimismo han dispuesto la ampliación de las causales de la ominosa prisión preventiva oficiosa, lo que hará más fácil que, con el solo señalamiento de la autoridad, una persona bajo investigación sea puesta en prisión, in- dependientemente de los méritos de la acusación, todo el tiempo que dure el proceso penal en su contra. A esta atrocidad, que es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, súmensele las limitaciones que el Congreso de Morena le ha impuesto también al juicio de amparo.

De esta manera, con la militarización de la seguridad y la investigación de delitos; con la cooptación corrupta de las fuerzas armadas; con la prisión preventiva oficiosa; con la ilegal intimidación fiscal que ya se practica cotidianamente; con la eliminación del derecho efectivo a la información y la transparencia –que además comprende la eliminación del portal que existió durante veintiocho años para conocer y revisar los contratos del gobierno federal–; y sobre todo con la ausencia de un poder judicial independiente, se alcanza con toda nitidez el retrato hablado de la estructura de un Estado policial propio de un régimen autoritario y represivo. Esas herramientas las podrá tener a su disposición el oficialismo para usarlas a plenitud cuando sus otros métodos de control político pierdan efectividad. Queda claro que el gobierno de Morena será inmensamente poderoso para combatir cualquier disidencia y pisotear todos los principios esenciales del Estado de derecho.

La desaparición del poder judicial independiente y los organismos autónomos, así como la preparación de un Estado policial, hieren gravemente a la democracia mexicana, pero el último clavo en su ataúd vendrá de la contrarreforma electoral en marcha, otro deshonroso legado de López Obrador que la presidenta Sheinbaum ha salido también a apoyar. De concretarse esta contrarreforma, se desaparecería al Instituto Nacional Electoral y a los órganos electorales estatales, para sustituirlos por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que sería administrado por consejeros electos por voto popular, lo cual debe leerse que serían escogidos por el gobierno, si se toma como referencia la fraudulenta simulación en curso de elección de la Judicatura. Para ser precisos, la organización de las elecciones regresará al control del gobierno. Asimismo, se pretende reducir la Cámara de Diputados a 300 legisladores y la de senadores a 64. La representación proporcional pura que se anuncia haría que el partido oficial, de volver a adjudicarse el 54% de los votos, controlaría más del 80% de los diputados y más del 90% de los senadores. Se tendría en consecuencia un retroceso a la situación anterior a la reforma de Reyes Heroles de 1977, cuando la pluralidad y las minorías no tenían representación en el Congreso y el partido hegemónico se llevaba todo. Para cerrar el círculo del control de las elecciones, se busca acotar la lista de violaciones a las leyes electorales, reducir las penas por esas violaciones, y rebajar sustancialmente el financiamiento a los partidos y las campañas electorales.

Para destruir el órgano electoral que en pocos años llegó a considerarse un modelo internacional, se alega, entre otras insensatas razones, la búsqueda de ahorro de recursos públicos. Para la nación, tener una democracia limpia nunca será más caro que tener una tiranía sucia. Por eso, los ciudadanos debemos estar dispuestos a pagar por esa democracia ya que, sin esta, los costos serán mucho mayores en términos de progreso y libertades.

No se olvide que los que alegan la necesidad de ahorrar en el gasto para contar con democracia, son los mismos que tiraron el dinero demoliendo un aeropuerto de calidad mundial a medio terminar, construyeron un tren inútil que ha causado un daño ecológico irreparable en la península de Yucatán y despilfarraron casi 20 mil millones de dólares en una refinería de petróleo que no hacía ninguna falta dada la capacidad ociosa de refinación de crudo en el mundo. Fueron los mismos que decidieron ahorrar dinero cuando llegó la pandemia y, por ese ahorro, México tuvo una de las más altas tasas de mortalidad por covid y una de las contracciones económicas más severas, al tiempo que continuaban a toda marcha los proyectos faraónicos de López Obrador. Eso sí, el presidente confesó que la pandemia “le había caído como anillo al dedo”.

Debe notarse que la proyectada reducción en los recursos fiscales para los partidos de oposición, sus campañas y la organización de elecciones, ocurrirá en paralelo a cambios en otras disposiciones legales que exentarán a Pemex, la cfe y las fuerzas armadas de cumplir con las reglas de transparencia en la contratación de obra pública. No hay que ser suspicaz para ver lo que hay detrás de, por un lado, asignar menores recursos a la oposición y, por el otro, crear una “caja grande” para el partido oficial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha cumplido hasta ahora su promesa de continuar sin desviaciones los proyectos de su antecesor. No cabe duda de que, en el más trascendente de ellos –la destrucción de la democracia mexicana–, la mandataria merece una nota de sobresaliente.

Para considerarse democrática, una nación debe tener Estado de derecho, elecciones libres y competitivas; división y equilibrio de poderes; un poder judicial independiente y profesional; garantía y respeto a los derechos y libertades civiles; acceso a la información y transparencia, con efectiva rendición de cuentas; y respeto a la participación y representación política, incluyendo las de las minorías. Todo esto lo están destruyendo el actual gobierno y su partido. Sin esos componentes esenciales, no puede hablarse de acatamiento a la soberanía popular, pues esta solo existe en la democracia. Por tanto, cuando la presidenta nos dice que México está por convertirse en el país más democrático del mundo, tristemente nos está mintiendo a todos los mexicanos. Que no nos engañen: nuestra joven democracia ha sido asesinada.

* Este texto se basa en, y actualiza, la denuncia que expresé en la sesión inaugural de la conferencia anual de la International Bar Association el 15 de septiembre de 2024 en la Ciudad de México

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AMLO sí usó spyware Pegasus contra sus adversarios | La R3D

* Entre los ‘clientes’ del espionaje de AMLO figuraban periodistas, activistas, abogados, políticos y hasta familiares del propio presidente López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO * Abril 15, 2025
) Aristegui Noticias 
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), aseguró en entrevista para ‘Aristegui en Vivo’ que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el principal cliente del desarrollador NSO Group, creador del spyware Pegasus.

Dijo que esta revelación se dio a conocer durante el proceso de Meta contra NSO Group, la empresa detrás de este software de espionaje, que ahora enfrenta un proceso legal para determinar el monto de los daños y perjuicios ocasionados, del que iniciará el juicio la próxima semana.

García destacó que, aunque ya se sabía que Pegasus había sido utilizado a nivel global, los detalles específicos surgieron tras una investigación realizada por WhatsApp entre abril y mayo de 2019.

Según García, esto confirma información que R3D ha estado divulgando durante años sobre el uso masivo de este software en el país.

“Lo que se demuestra acá no es solamente que seguía utilizando Pegasus, sino que por mucho era el cliente que más usaba Pegasus en todo el mundo, pero por mucho (…) México fue la nación con más víctimas 456 y el siguiente país, la India, sólo 100, es decir, más de 4.5 veces lo que el segundo lugar espía con Pegasus en todo el mundo.”

Además, subrayó que las fuerzas armadas, y particularmente el Ejército mexicano, fueron los principales operadores de Pegasus durante el gobierno de López Obrador.

El director de R3D también recordó que el gobierno de López Obrador ha negado de manera constante que su administración haya utilizado Pegasus, a pesar de las pruebas que demuestran lo contrario.

En este sentido, García apuntó que el ejército mexicano fue el primer cliente de NSO Group a nivel mundial, comprando Pegasus durante el gobierno de Felipe Calderón y continuando su uso durante los mandatos de Enrique Peña Nieto y López Obrador.

No solo hubo corrupción en la adquisición de Pegasus, sino que también ha existido un encubrimiento de los actos de espionaje”, señaló García.

Indicó que se desconoce si en el actual gobierno, el de Claudia Sheinbaum, se sigue utilizando este spyware aunque debe transparentarse.

“Y en la misma lógica de lo que está ocurriendo hoy, lo que acaba de pasar con la información que surge a partir de las filtraciones de la empresa Pegasus, el gobierno de la doctora Sheinbaum, en lugar de estar trabajando para combatir la corrupción y el espionaje, se dedica a hacer estos trabajos para tratar de descalificar y silenciar a la oposición”.

El juicio, que iniciará la próxima semana, promete revelar más información, incluyendo testimonios de diversas personas y documentos que podrían confirmar aún más las implicaciones del uso de Pegasus en México.

Para García, el caso subraya la necesidad urgente de una investigación imparcial y la implementación de una regulación más estricta para evitar abusos en el uso de tecnologías de vigilancia.

Cabe recordar que, según investigaciones del Pegasus Project, alrededor de 15 mil números telefónicos en México integraban una lista de posibles objetivos de espionaje mediante el software Pegasus.

Esta lista incluía a periodistas, activistas, abogados, políticos y hasta familiares del presidente López Obrador.​

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“Plan México”, una fantasía irreal y contradictoria | Moreira

PALACIO LEGISLATIVO * Abril 4, 2025
) Notilegis
El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que muchas de las estrategias que conforman el “Plan México”, presentado por la Presidenta de la República, son “fantasía, contradictorias e irreales”.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, explicó que algunas de las 18 estrategias expuestas por la mandataria para hacer frente a las medidas arancelarias de Estados Unidos “contradicen a los Pre-Criterios que mandó la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) hace unos días, donde se destaca que no hay dinero.

Aseguró que es demagogia cuando se habla de aumentar la soberanía alimentaria, porque no puede incrementar artificialmente, ya que la producción de maíz ha disminuido. De igual forma, la producción de petróleo ha caído y el país depende en gran medida de combustibles extranjeros.

“Hoy se produce menos maíz que cuando dejó la presidencia Enrique Peña Nieto. De hecho, la meta que ella está colocando en millones de toneladas de maíz es inferior a lo que se producía en 2018.

“Cuando hablan de soberanía energética, nada más decirle que cada vez producimos menos petróleo, que fue un fracaso la refinería de Dos Bocas, que en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador no se rehabilitaron ninguna de las otras seis refinerías que hay en el país”, subrayó.

Además, abundó, se habla de mejorar el salario cuando se tiene detenida la reforma sobre el salario mínimo profesional; “es un total descaro eso que está sucediendo allá en el Senado de no hacer la declaratoria de constitucionalidad”.

Calificó este plan como “insuficiente”, además, afirmó que “al país le faltan motores para avanzar”, puesto que en el sexenio pasado se cometió el error de disolver Pro-México y de romper el multilateralismo que impulsaba al país; “hoy no tenemos contactos en Europa y las cosas se ven difíciles”.

En lo referente a la promoción del voto en la elección de las personas juzgadoras, el diputado afirmó que la “intención de Morena es quedarse con el Poder Judicial”.

“Han bajado instrucciones a sindicatos, a dependencias, a sus políticos, de promover a jueces y magistrados. Hay gente valiosa, es evidente, en esas listas, pero se están burlando de ellos también”, externó.

Advirtió que los grupos delictivos buscarán favorecer a alguien o presionar para que gane algún candidato en particular. “No tiene que ser una persona que en este momento sea cercana a ellos sino, como pasa en muchos lugares, que le caen al presidente municipal, lo atemorizan, lo asustan y tiene que ceder”.

Cuestionado sobre la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República de esperar para la discusión de la iniciativa en materia de desapariciones, el legislador sostuvo que “es una buena noticia”, porque se incluirá a las madres y familiares de las víctimas.

“Yo agregaría que se hablara con expertos internacionales, que se trajera a expertos sudamericanos, que los hay en Chile, Uruguay, Argentina, que trajeran expertos internacionales de la Cruz Roja, de la Oficina de las Naciones Unidas que hasta ahorita nunca le ha hecho caso Morena.

“Creo que la reforma tiene que empezar en la Constitución, nosotros presentamos hace unos días una reforma de carácter constitucional aquí en la Cámara de las y los Diputados, para que ese sea el enorme paraguas donde se haga todo el resto”, concluyó.

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Mientras CEN de Morena abre la puerta, “puristas” la cierran

Maremágnum
» RICARDO | CASTILLO BARRIENTOS

La fase de transición del Movimiento de Regeneración Nacional a partido político, ha venido resultando bastante compleja por la multiplicidad a su interior de corrientes, frentes, grupos, grupúsculos, facciones, asociaciones, tendencias, etcétera, prohibidas en sus propios estatutos.

Sin embargo, la diversidad de pensamiento y formaciones políticas, son parte intrínseca en la existencia de esta organización política, donde continúan confluyendo personajes de todos los signos partidistas, algunos desechados o marginados en sus partidos y recibidos con beneplácito en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Son pocos los fundadores considerados “puristas”, qué por convenir a sus intereses políticos, pretenden hacer valer a pie juntillas, los documentos básicos de Morena, ante el visible temor de resultar desplazados por los políticos recién incorporados, gracias a la apertura total del partido en el poder, en la pretensión de integrar masivamente a 10 millones de personas al padrón guinda, teniendo afiliados hasta el 2024, a dos y medio millones de personas.

La decisión del Consejo Nacional morenista de multiplicar notablemente su membresía, está siendo confrontada en Guerrero, por algunos de los grupúsculos “puristas” de cerrar el paso a nuevas corrientes o militantes, en este caso, Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), fundada al interior del PRD, por el extinto diputado federal y local, Ángel Aguirre Herrera.

De forma maniquea se arguye, que un supuesto “Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa”, -de nueva aparición- se opone a la admisión en lo individual, de los miembros de IPG, cuando tienen todos sus derechos políticos a salvo, atendiendo a la convocatoria de la campaña nacional de afiliación, expedida por la dirigente Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del CEN, con el objetivo de garantizar el triunfo electoral en 2027, y mantener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, Congresos locales, gubernaturas y alcaldías, y así fortalecer al gobierno de la República de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En todo proceso político se anticipan las ambiciones políticas, como han puesto de manifiesto algunos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, al utilizar membretes desconocidos so pretexto para impedir el fortalecimiento de Morena y se incumplan las metas previstas del CEN, por la miopía y egoísmo de unos cuantos personeros enquistados en la médula morenista local.

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, ha reiterado públicamente su falta de interés por afiliarse a cualquier partido político. En cambio, ha ratificado su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien apoyó abiertamente en las pasadas elecciones de 2021, ganando arrolladoramente en Guerrero y en México.

Finalmente, se utiliza como subterfugio el “Caso Ayotzinapa” para demeritar la obra de gobierno de Aguirre Rivero y conculcarle sus derechos políticos; cuando en las investigaciones federales no le han encontrado alguna responsabilidad como a Murillo Karam o Tomás Zerón, al contrario, su oportuna intervención la misma noche y madrugada de los sucesos, hizo posible la detención de más de tres decenas de presuntos implicados, aun sin el apoyo de las fuerzas federales, hasta la actualidad continúan presos.

Marea Baja.- En lo que va del año 2025, ya son más de 10 los accidentes que ocurren en la ahora llamada “Escénica de la Muerte”, por lo peligroso que siempre ha resultado esa transitada vía citadina, por diversos motivos que permanecen inalterables, a pesar de la infinidad de reparaciones que se realizan ocasionalmente.

Mientras no se solucione en definitiva a fondo el problema, seguirán incrementándose el numero de accidentes de consecuencias fatales, con muertos y heridos, y el gran dolor y pesar ocasionaos a las familias locales y visitantes.

Esperemos que el Centro Integralmente Planeado (CIP) de Fonatur, asuma su responsabilidad y considere dentro de su programa, la ampliación de la avenida o transitoriamente, colocar bloques de separación del carril central, a fin de evitar los choques frontales que se dan con bastante frecuencia.

Marea Alta.- Todo indica que le están pisando los talones al alcalde de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón, ante la solicitud de desafuero al Congreso del Estado, presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque no precisa destinatario debido a la secrecía del delicado asunto.

Matías Marrón ha encabezado las protestas multitudinarias de los alcaldes y comisarios de la Montaña Baja y región Centro, en demanda de obras sociales para sus municipios y comunidades.

El avezado alcalde de Atlixtac, apenas en marzo estuvo a punto de perder la vida, tras un fallido ataque a su camioneta blindada cuando circulaba en la Autopista del Sol, resultando herido uno de sus escoltas y otro de sus agresores.

Maremoto.- Como la “Feria del Hueso” está en su apogeo, el PVEM no podía quedarse atrás, y destapó a la acapulqueña, senadora Karen Castrejón Trujillo, como candidata del partido Verde a la gubernatura de Guerrero.

La realidad política nos indica que en el momento de la decisión de la candidatura gubernamental, el Verde tendrá que cuadrarse con quien resulte de Morena, tendiente “armar la chica”, sea con la alcaldía de Acapulco, Chilpancingo o Iguala. Así se juega en la política, solo hay que sacar boleto para ganar premios.

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Contra todos los pronósticos, Abelina López salió avante de su ponencia en Asamblea del BID

* Participó en el Seminario “Ciudades preparadas para el futuro: planificación para la resiliencia climática”, organizado por de la Sexagésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Chile, junto a Maximiliano Proaño, subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente de Chile; João Campos, alcalde de la ciudad de Recife, Brasil, y Federico Ferraro, director de Oximom Ingeniería, empresa dedicada al desarrollo y la fabricación de equipos de meteorología

ACAPULCO * Marzo 27, 2025
) Aps | Redacción
No. Abelina López Rodríguez no asistió a la la Sexagésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se celebra en Santiago de Chile del 25 al 27 de marzo, a solicitar financiamiento directo para Acapulco, como se ha manifestado en redes sociales. Salvo el exhorto internacional interpretativo para impulsar acciones a favor de Acapulco, su presencia estuvo directamente relacionada con la experiencia de Acapulco en los desastres ocasionados por dos huracanes con un año de diferencia y la resilencia para hacer frente a futuros daños de la naturaleza.

Ella misma, después de su participación en el Seminario “Ciudades preparadas para el futuro: planificación para la resiliencia climática”, junto a Maximiliano Proaño, subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente de Chile; João Campos, alcalde de la ciudad de Recife, Brasil, y Federico Ferraro, director de Oximom Ingeniería, empresa dedicada al desarrollo y la fabricación de equipos de meteorología, acaba de aclarar en su cuenta de Facebook que fue invitada  para «compartir nuestras experiencias, para dar ejemplo de la vulnerabilidad que las grandes ciudades manifiestan ante el cambio climático y la relevancia que cobra el tomar acciones preventivas, además de trabajar de manera urgente en opciones de desarrollo que tengan el respeto al entorno natural como premisa ineludible».

Algo digno de destacar de la presidenta municipal de Acapulco durante el seminario que moderó Tatiana Gallego, directora de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo, es que contra todos los pronósticos que circularon en redes y hasta apuestas de que haría quedar mal a los acapulqueños trastabillando en su lectura, la tía Abelina concluyó su participación de forma sobresaliente: pausada, meditativa y, de momentos, enfatizada. Honor a quien honor merece.

Además, dio todo el crédito de la reconstrucción de Acapulco, azotado y devastado por los huracanes Otis y John en 2023 y 2024, respectivamente, al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta actual, Claudia Sheinbaum Pardo.

De allí, salvo haberse atribuido el vituperio de declarar que llevaba el respaldo y cariño de todos los acapulqueños, López Rodríguez realizó una ponencia detallada de la devastación causada por los huracanes mencionados.

Toda la experiencia vivida en Otis y John obliga, desde luego, las medidas futuras para evitar tragedias como las vividas en 2023 y 2024 tomen por sorpresa a Acapulco y sus habitantes, fue, a detalles, su participación.

Entre los programas emergentes a emprender, expuso, se hallan la reforestación y la creación de un Atlas de Riesgo para la mejor organización de desarrollos de vivienda y todo lo referente a la resilencia del puerto.

Por lo que corresponde a su presencia en la  LXV Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue todo. To lo que se pretenda especular en torno a la participación de Abelina López, en su calidad de invitada del BID, queda a criterio de cada lector o persona.

A continuación, su participación, sin ediciones ni interpretaciones, en el video anexo.


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Denuncia en EU contra AMLO y gobernadores de Morena | I

Mientras en México se descubre el horror de un «campo de exterminio» en Jalisco y la presidenta Sheinbaum encabeza una fiesta popular, el Departamento de Justicia de Estados Unidos procesa una explosiva denuncia

» ANABEL | HERNÁNDEZ
) DW Global Media Fórum

La tarde del 7 de marzo, cuando el sol se posaba sobre el reseco terreno del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un grupo de mujeres cavaba la tierra con la desesperación de quien busca lo irremplazable. Eran las Guerreras Buscadoras de Jalisco, mujeres que persiguen desesperadamente las sombras de aquellos que en vida se desvanecieron en la niebla de la impunidad. Así, empezaron a brotar de la tierra gris los fragmentos de una infame historia que nadie quería contar, y que el gobierno de México, en todos sus niveles, toleró.

Primero, fueron los huesos. Un molar, testigo mudo de un grito ahogado. Un pedazo de cráneo ennegrecido por el fuego, el vestigio de una memoria convertida en cenizas. Luego, las extremidades, como raíces cortadas de golpe, huellas de un sufrimiento sin tiempo ni nombre. Y al fondo, en la penumbra del hallazgo, decenas de pares de zapatos, desordenados como si sus dueños hubieran sido arrancados de ellos en un solo y terrible instante.

No era solo una fosa, ni un simple cementerio clandestino. Era un «campo de exterminio» donde el Cártel Jalisco Nueva Generación había erigido su reino de terror. Allí, el olvido era una orden y la muerte, una estadista. Porque en México, donde la violencia ha echado raíces profundas y las autoridades han aprendido a mirar hacia otro lado, las alianzas entre criminales y funcionarios se sellan con silencios y complicidades desde hace lustros.

Se calculan al menos doscientas victimas de todas las edades: menores de edad, adolescentes, mujeres y hombres que probaron el infierno en vida.

Las crudas imágenes que han circulado son el costo de los «abrazos y no balazos» establecidos durante seis largos años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación en México, con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el poder.

El campo del horror probablemente estuvo en funcionamiento desde el 2018; la absurda negación de la violencia y el crimen que el gobierno de AMLO impuso como discurso oficial permitió que las infames practicas de reclutamiento forzado, abusos sexuales, ejecuciones sumarias y crematorios clandestinos prosperaran en el infierno llamado «rancho Izaguirre”.

Dos días después de los brutales hallazgos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un festejo masivo en el zócalo de la Ciudad de México para celebrar que, aunque la Casa Blanca acusa directamente a su gobierno de tener complicidad con el crimen organizado, Donald Trump aplazó un mes más la aplicación del aumento de aranceles a México.

Las dos estampas del México actual son irreconciliables. Hay una disociación de fondo entre la sociedad y el gobierno. Mientras la población vive una cruda realidad bajo el yugo de los carteles narco-terroristas, la clase política en el poder pareciera danzar sobre su dolor y muerte.

Esta situación podría dar un giro inesperado.

En el Departamento de Justicia de Estados Unidos se gesta una indagatoria que podría significar un cambio importante a esa disociación que se vive en México.

AMLO Y MIEMBROS DE MORENA EN FISCALÍA DE NY

Desde diciembre 2024 existe en una fiscalía federal de Nueva York, un expediente contra el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores de extracción morenista Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

Tuve acceso a una versión pública del documento. Se trata de una denuncia presentada por un particular, que señala que al tener conocimiento de actos posiblemente delictivos ha entregado al Departamento de Justicia de Estados Unidos los elementos de prueba.

En el expediente de más de 192 páginas se acusa a AMLO y a los dos gobernadores en funciones de presuntamente haber sido parte de una compleja trama de diversos delitos, en la cual carteles de la droga como el Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste y Cartel del Golfo, hoy declarados como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos, financiaron campañas políticas de candidatos del partido oficial Morena entre 2018 y 2024.

En la narración de hechos y pruebas testimoniales presentadas el escándalo salpica a los gobiernos morenistas de Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán y Colima, y a la Secretaria del Bienestar, responsable de administrar los programas sociales emprendidos por AMLO para atender la pobreza.

Los documentos que se encuentran en una corte federal de NY contienen testimonios directos, en audio y video de operadores electorales de Morena.

Los hechos narrados en la denuncia coinciden con el modus operandi revelado en este espacio desde enero 2024 cuando di a conocer una investigación de la DEA sobre el financiamiento del Cartel de Sinaloa a la campaña presidencial del 2006 de Andrés Manuel López Obrador.

Y coinciden con la acusación del gobierno de Estados Unidos hecha a principios de febrero pasado y reiterada el 4 de marzo, de que en México existe una relación entre el gobierno actual y los carteles de la droga que es «intolerable”.

En esta colaboración en DW comparto la primera parte de la truculenta historia de corrupción, ambición, dinero y narcos denunciada ante fiscales federales de NY.

LA DENUNCIA

En el expediente en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos se acusa a AMLO, Rocha Moya y Villarreal, de aceptar acuerdos con distintos organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo, declarados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

En la denuncia se afirma: «El Cártel de Sinaloa, entre otros cárteles, mantiene una relación simbiótica con Morena, incluyendo a Américo Villarreal Amaya («Villarreal»). Estos cárteles proporcionaron dinero en efectivo para financiar las campañas a la gubernatura de Morena en Sinaloa (2021) y Tamaulipas (2022)”.

También se asegura que hubo «financiamiento ilegal de campañas políticas para candidatos de Morena por parte de Sergio Carmona Angulo, un empresario mexicano con vínculos con múltiples cárteles de la droga (incluyendo el Cártel del Noroeste, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Los Zetas), quien fue asesinado en noviembre de 2021. Este financiamiento formaba parte de un esquema de sobornos y comisiones ilegales por un monto de 500 millones de pesos mexicanos dirigido al gobierno federal mexicano”.

De ambos hechos, se acusa que el expresidente López Obrador tenía conocimiento y dio su anuencia.

Si una corte federal encontrara culpabilidad de los tres morenistas por dicha acusación, la sanción a la que podrían ser sujetos va de diez años de prisión hasta cadena perpetua.

El expediente consta de 192 páginas. Contiene páginas redactadas, como es habitual en documentos que se encuentran en fiscalías o en cortes federales, bajo sello.

El denunciante es una persona moral privada. Presentó la denuncia bajo sigilo tras acceder a información sobre posibles delitos y como opera en Estados Unidos, notificó a las autoridades de justicia.

La entidad denunciante dijo haber llevado a cabo su propia investigación en el primer semestre de 2023, asegurando que cumplió con las normas legales de cada jurisdicción y obtuvo asesoría legal. Grabó conversaciones respetando las leyes locales, incluyendo aquellas que permiten la grabación con el consentimiento de una sola parte.

A través de LinkedIn y otras plataformas, contactó a testigos clave de una red de narco-política vinculada a Morena, incluyendo a María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez y Horacio García Rojas, operadores electorales del partido. Sostuvieron reuniones con ellos en espacios públicos y por teleconferencia, contando con testigos.

Las pruebas incluyen grabaciones en audio y video de sus testimonios. En México algunas fracciones de esas grabaciones han sido filtradas a medios de comunicación durante los últimos meses. Pero es hasta hoy que se sabe que esas registraciones son parte de las pruebas que constan en la denuncia presentada contra AMLO, gobernantes y líderes del partido Morena.

Además de leer el expediente, pude escuchar las grabaciones completas de las revelaciones de Jocelyn Hernández y Horacio García, de este modo se puede entender con crudeza el modus operandi de la complicidad de miembros de Morena con el crimen organizado.

Candidatos del partido Morena a cambio de dinero criminal recibido para sus campañas dieron posiciones políticas a los carteles de la droga como cargos en los equipos de gobierno estatales, alcaldías, diputaciones, y regidurías.

TESTIGO DIRECTO DE LA NARCOPOLÍTICA EN MORENA

Jocelyn Hernández es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha sido funcionaria de la Secretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de AMLO, según los registros oficiales del gobierno federal a los que tuve acceso. También ha sido integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. Ha impartido clases en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y ha sido amiga y colaboradora de Citlalli Hernández cuando esta fue Secretaria general nacional de Morena.

Ella aseguró en el testimonio que fue presentado ante la fiscalía federal de NY que participó en la fundación del partido Morena y fue operadora electoral de ese instituto político en Sinaloa para la elección presidencial de AMLO en el 2018.

También fue operadora electoral en la campaña de Rubén Rocha Moya en la elección de gobernador del 2021.

De acuerdo al expediente la entidad denunciante habló con Jocelyn Hernández tres veces entre mayo y junio de 2023. Dos veces en Houston, en persona. Y una ocasión vía tele-conferencia.

En su presentación Jocelyn explicó su carrera política y profesional. Al poco tiempo de graduarse creó una asociación civil donde apoyaban a jóvenes desplazados por la violencia de los carteles de la droga. Jamás imaginó que años después ella misma sería testigo del contubernio entre esas organizaciones criminales y la política.

Participó en la construcción del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), gracias a su amistad con los dos hijos mayores de AMLO, José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán, éste último actual Secretario de Organización de dicho partido.

Su paso por Morena fue difícil desde el inicio. Afirmó haber sufrido violencia política y acoso sexual por las autoridades del partido en la secretaria de jóvenes de la Ciudad de México. Dijo que denunció su caso ante el instituto político del partido y de ahí se creó un protocolo de atención por violencia sexual.

Explicó que por invitación de un hijo de López Obrador, ella viajó al estado de Sinaloa y operó para que AMLO ganara ahí en la elección presidencial del 2018. Su área de acción fue el Triángulo Dorado, la zona que estaba bajo el control del Cartel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Ismael Zambada García «El Mayo” y Joaquín «El Chapo” Guzmán.

Consta en los registros electorales que de manera atípica López Obrador arrasó en el estado como candidato presidencial, ganó más del 65 por ciento de los votos a la Presidencia. Morena y sus aliados ganaron las dos senadurías y 7 diputaciones federales. Al menos 19 diputaciones locales y 7 presidencias municipales y decenas de regidores.

LA MISIÓN SUICIDA DE NEGOCIRAR CON NARCOS

Jocelyn Hernández reconoció que para que Morena pudiera ganar elecciones en Sinaloa hubo peligrosas negociaciones con el Cartel de Sinaloa que dio recursos a la campaña.

«¡Así nos decían!”, cuenta, «kamikazes, yo nunca lo hice pero había quienes lo hacían, yo nunca estuve y agradecía que no estuviera, mejor que no me sentaran ahí pero si hubo niveles que lo hicieron, no era en todas las zonas porque si había zonas donde el crimen no estaba tan metido, donde la vida es mucho más noble, más natural, más tranquila, pero bueno, así es como entré a trabajar al partido”.

Tras ganar las elecciones en 2018 la invitaron a la Secretaria del Bienestar donde le dieron el cargo de subdelegada en Sinaloa. Afirma que aceptó por consejo directo de Andy, el hijo de AMLO, que hoy es Secretario de Organización de Morena.

Su experiencia ahí no fue mejor.

¿ROBABA MORENA A LOS MÁS POBRES?

«Ahí estuve bien, bastante bien, hasta que se me invitó a ejercer prácticas evidentemente corruptas y yo ya no acepté y tuve que renunciar a mi cargo”.

Jocelyn Hernandez explica que le pidieron cometer actos de corrupción en la Secretaría del Bienestar al inicio del gobierno de López Obrador. Cuando ocurrieron los hechos Javier May Rodríguez era el titular de la Secretaria del Bienestar. Actualmente es gobernador de Tabasco por el partido Morena. Es uno de los amigos y colaboradores más cercanos de AMLO.

De acuerdo al audio del testimonio al que tuve acceso para este reporte ella afirma que el entonces super delegado del Bienestar, José Jaime Montes Salas, nominado por AMLO, le pidió que le entregara cientos de tarjetas destinadas para dar recursos públicos a adultos mayores.

Se le ordenó que esas tarjetas debían ser reportadas como robadas para que se pudiera sustraer el dinero destinado a los pobres para las campañas electorales del 2021 de Morena en Sinaloa.

Jocelyn aseguró que al negarse comenzó a sufrir acoso político e incluso amenazas.

La ex funcionaria federal y operadora electoral del partido oficial aseguró que presentó una denuncia ante la Secretaria de la Función Pública, cuya titular era Irma Eréndira Sandoval quien le dijo que había ya recibido otras denuncias similares e iba a unirlas en un solo expediente.

Afirma que después de eso corrieron a Sandoval.

«Le llamé a su secretaria particular y ella me dice ‘ciertas personas se enteraron que ella ya venía preparando esta carpeta y como para nosotros electoralmente el tema de los programas sociales era tan importante no querían que lo sacaran en este momento porque ya viene la otra elección y pues la movieron y ya la quitaron”, afirmó Jocelyn Hernández.

«De ahí la verdad me deprimí muchísimo, chocó con la pandemia (Covid-19) y entonces como que me olvide del mundo, no?, ahora yo lo digo tranquila pero para mí fue un choque fuerte emocional muy fuerte porque como dices tu construyes algo y le inviertes tanto tiempo y tanto esfuerzo y descubres que va a ser lo mismo”, aseguro.

Después aceptó participar seis meses en la campaña a la gubernatura de Rocha Moya en Sinaloa. Su jefe inmediato enviado por la dirigencia del partido fue Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas del partido Morena. Afirmó que de nuevo fue una amarga experiencia

DINERO DEL NARCO EN CAMPAÑAS ELECTORALES DE MORENA

Desde que llegó al equipo de campaña detectó que el crimen organizado apoyaba la candidatura de Rocha Moya. Cuando se comenzó a negociar cuál sería su salario y los equipos que requería le dijeron: «Lo que tú quieras por dinero no paramos’. Entonces yo dije ¿qué, los patrocina un capo? Y me dice el chofer: hay amiguita ya le atinaste”.

Detalló que durante la campaña de Rocha Moya, Villarreal «llevó a uno de los capos más pesados de Tamaulipas a Sinaloa a comer jabalí con Ricardo Monreal y con Rubén Rocha Moya y otros más”. Afirmó que el encuentro fue en territorio de la facción del narcotraficante «El Chapo” Guzmán.

Jocelyn Hernández reconoce en su testimonio que tenía miedo del ambiente criminal que la envolvía como operadora electoral de Morena. Por su experiencia explicó cómo los carteles de la droga trabajan en distintas formas de acuerdo a la zona del país.

«Es muy diferente como trabajan los carteles en la política en el norte, en el centro y en el sur del país.”

«En el norte quieren (los carteles de la droga) ser políticos, ellos quieren estar ahí, quieren que tú les des candidaturas, no les es suficiente con tener dinero”.

Aseguró que varios alcaldes y regidores de Morena en Sinaloa «son capos” de la droga. Y citó como ejemplo al alcalde de Badiraguaro, José Paz López Elenes.

En 2021 ganó la presidencia municipal de ese poblado. Desde 2022 en esta columna he revelado los distintos señalamientos contra López Elenes a quien se acusa de haber participado en reuniones con Los Chapitos para obtener ayuda para Rocha Moya.

«Antes yo no era así, yo nunca criticaba al partido pero ahora lo tengo que criticar porque ya lo vi, antes me decían y yo decía ‘no, es que…’pero ya lo vi, vi las maletas llenas de dinero”, dijo la fundadora del partido oficial.

Ella afirmó que el Cartel de Sinaloa financiaba la campaña de Rocha Moya a la gubernatura. «Llegaban con maletas llenas de dinero a la casa de campaña y se las entregó literal a Rocha. Y Rocha muy digno, porque me parece que Rocha es mucho más digno que él, le dijo, perdón pero usó una palabra, una grosería, dijo, ‘no seas cabrón como me traes esto aquí”.

De acuerdo a su testimonio el dinero venía del Cartel de Sinaloa por conducto de Fausto Isidro Meza Torres alias El Chapo Isidro, miembro del Cartel de Sinaloa, asociado a la facción de El Mayo Zambada, uno de los diez criminales más buscados por el FBI. Acusado de tráfico del mortal fentanilo, entre otras drogas.

Afirmó que entre los acuerdos que hizo Américo Villarreal con el crimen organizado también a él le metieron «algunos diputados locales y regidores”. Afirmó que el operador en esos temas del hoy gobernador de Tamaulipas era Norberto Barrón.

«Él es ahijado de Américo, él es el que le hace todas esas negociaciones, él es el que lo contacta con todas esas personas y la verdad mis respetos, es muy brillante para hacer cosas malas, eso del dinero, las camionetas, las casas…”.

Américo Villarreal «quería ser gobernador y sabía que se tenía que portar bien y ganar si quería que le dieran ese premio”, dijo al explicar porque ayudó a como diera lugar a que Rocha Moya ganara la elección en 2021.

LOS FESTEJOS DE CLAUDIA SHEINBAUM

El 4 de marzo la Casa Blanca reiteró su acusación de que existe actualmente una relación de complicidad entre el actual gobierno de México y los carteles de la droga.

En un comunicado de hechos, que tiene el tono de una denuncia formal, se lee: «Las organizaciones mexicanas de narcotráfico, que son las principales traficantes de fentanilo en el mundo, operan sin obstáculos debido a una intolerable relación con el gobierno de México».

«El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los carteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses”.

Tras leer el expediente que se encuentra en poder del Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, esa afirmación cobra un sentido mucho más serio.

Entre los invitados VIP del «festejo” de Claudia Sheinbaum el 9 de marzo pasado estaban al menos tres de los políticos morenistas señalados por Jocelyn Hernández: Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal y el diputado Ricardo Monreal.

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¿Vienen por AMLO? | Avión espía de EU sobrevuela «La Chingada»

» Edmundo | Romero
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Cam. * Marzo 11, 2025
) La Derecha Diario
Desde hace algunas semanas se especula sobre la presencia de aviones espía de Estados Unidos sobrevolando México. Esto como parte de sus labores para la lucha contra los carteles de droga, informó el Diario Cambio 22 el pasado 8 de marzo y cuyo testimonio respalda Guacamaya Leaks,  grupo de activistas cibernéticos en 2022 accedió a los buzones de correo electrónico de la Secretaría de Defensa de México.

Sin embargo, en las últimas horas se difundió en redes que un avión de espionaje de Estados Unidos sobrevuela estados del sureste del país y la Península de Yucatán.

¿Estados Unidos espía a AMLO?

De hecho, no falta quien asegura que estuvo en Chiapas, en la zona donde se encuentra el rancho del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sin alguna confirmación oficial hasta ahora.

La plataforma independiente LatAmMilMovements, que documenta movimientos aéreos estadounidenses en América Latina, ubicó aviones espía N149CS sobre la Península de Yucatán. También en la parte central y el estado de Sinaloa en México.

Por su parte, el sitio “Cambio22” afirma que en la región sobrevuela el Avión Lockheed P-3B Orion, matrícula N149CS. Este avión forma parte del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Incluso, señala que realiza labores de reconocimiento sobre Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán desde el inicio de esta semana.

Alex Piña escribió el 5 de marzo en el grupo de Facebook Aeropuerto MMMD.

“Tremendo visitante el día de ayer (04/03/25) el poderoso Lookheed P-3B Orion (N149CS)”, en aparente referencia a Mérida.

A mediados de febrero surgió la versión de que drones de Estados Unidos volaban en México espiando a los cárteles del narco.

La presidente Claudia Sheinbaum confirmó la versión, pero aseguró que no había nada ilegal, pues eran drones no tripulados que volaban “bajo petición del Gobierno de México”, como una colaboración.

¿Los aviones espían a AMLO?

Ahora, con la reciente versión en redes sociales del avión espía en el sureste mexicano, usuarios difunden la versión de que estaría vigilando el rancho del ex presidente López Obrador.

Cabe destacar que existen rumores de que AMLO ya abandonó el país. Habitantes de Palenque afirman que la actividad del personal militar se ha reducido en la zona.

Desde 2006, se cree que la DEA tiene en la mira al ex presidente López Obrador, por haber recibido dinero de los cárteles para su campaña electoral. La investigación habría sido detenida por Obama, retomada por Trump y retenida nuevamente por Biden.

Los aviones espía de Estados Unidos son tecnológicamente muy avanzados y pueden detectar señales de comunicación fácilmente. Si estuvieran buscando a AMLO, sabrían fácilmente si el ex presidente está o no está en su casa.

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Ecuador impone a México aranceles del 27% a importaciones

QUITO * Febrero 3, 2025
) Apro
Como parte de su diferendo diplomático contra México, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa trató de emular al presidente estadunidense Donald Trump y anunció hoy la imposición de aranceles de 27% sobre las importaciones de productos mexicanos; sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, adonde va el 83% del comercio exterior de México, Ecuador es el destino del 0.079% de las exportaciones nacionales.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía (SE), las exportaciones de México a Ecuador sumaron apenas 446 millones de dólares entre enero y noviembre de 2024, mientras que los productos ecuatorianos importados totalizaron 338 millones de dólares en el mismo lapso.

Según la SE, los principales productos de intercambio entre ambos países son insumos médicos –de México– y cacao proveniente de Ecuador, pero por montos que rondan los 60 millones de dólares; la misma dependencia indica, en su sitio sobre comercio bilateral con Ecuador, que el país andino invirtió 5.63 millones de dólares en la Ciudad de México en 2024.

Los gobiernos de México y Ecuador rompieron sus relaciones diplomáticas en abril de 2024, tras el operativo policiaco que Noboa ordenó contra la embajada de México en Quito, para detener a Jorge Glas, el exvicepresidente de Ecuador al que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acababa de otorgar el asilo político.

En respuesta a la violación del recinto diplomático, protegido por la Convención de Viena, México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y en represalia el gobierno de Noboa presentó una contrademanda a México ante el tribunal de La Haya.

Este lunes, Noboa retomó el discurso trumpista y aseveró que su país considera como un “abuso” la balanza comercial negativa de su país con México, lo que justificaría la imposición del arancel a los productos mexicanos. Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mismo Trump anunciaron que se pospondría por lo menos un mes los aranceles de 25% que el magnate pretendía imponer a México a partir de este martes 4.
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Sheinbaum anuncia mejoramiento de 565 centros de salud del ISSSTE

PALACIO NACIONAL * Enero 22, 2025
) Gobierno de México
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la mejora de 565 centros de salud de primer nivel del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a través del programa La Clínica es Nuestra que, en 2025, tendrá una inversión de 6 mil 300 millones de pesos (mdp), los cuales también se utilizarán para continuar con este apoyo en las unidades médicas del IMSS Bienestar.

“Es muy buena noticia para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Es un esquema que mostró sus resultados en el 2024, la comunidad se organiza para apoyar a su Centro de Salud, y ahora, entramos al ISSSTE. Entonces este año se va a notar una mejora sustantiva en todos los Centros de Salud y las clínicas del ISSSTE ”, destacó.

Recordó que el programa La Clínica es Nuestra tiene como objetivo que, a partir del involucramiento de las comunidades, se mejoren los centros de salud de primer nivel.

“La Clínica es Nuestra es un programa que inició en el 2024 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un esquema en donde la ciudadanía, la comunidad, se organiza para que, a través de ellos, se mejoren los Centros de Salud”, aseguró.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, anunció que, en cumplimiento del punto 4 de los 25 puntos para la Transformación del ISSSTE, se implementará La Clínica es Nuestra —en 565 centros de salud lo que representa la mejora de mil 805 consultorios— con el objetivo de mejorar las clínicas de primer nivel de atención ya que son las más cercanas a la derechohabiencia y resuelve el 80 por ciento de las necesidades de salud.

“El objetivo fundamental es mejorar la infraestructura, equipamiento y mobiliario de las unidades de primer nivel, con la participación comunitaria de los derechohabientes para mejorar las condiciones de su atención. Este fue un lineamiento de la Presidenta en la Mesa de Salud que tenemos todas las semanas”, agregó.

Informó que los recursos serán otorgados por el IMSS-Bienestar y podrán ser utilizados para obras de impermeabilización; instalaciones eléctricas; hidráulicas, sanitarias; acabados; aire acondicionado; pozos de agua; techumbre en exteriores; bardas perimetrales; en compra de equipo médico como oxímetros, estetoscopios, entre otros, así como mobiliario, desde sillas para los familiares de los pacientes hasta anaqueles; pantallas; botiquines, entre otros.

Puntualizó que el programa funcionará a través de asambleas donde los derechohabientes adscritos a cada clínica elegirán un Comité de Salud para el Bienestar, que aprobará los proyectos a realizarse en cada unidad médica.

“Hay un proceso de apropiación social y cultural de las comunidades sobre sus unidades médicas. Se fortalece el tejido social. La gente se junta, se conoce, se une. Se favorece la construcción de la identidad del personal de salud con la derechohabiencia. Se facilita la realización de las obras, es decir, los procesos son más rápidos. También se facilita la transparencia del gasto y la rendición de cuentas a las comunidades. Y se acerca a la institución, en este caso el ISSSTE, con sus derechohabientes”, detalló.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que los próximos 15 y 16 de febrero se convocará a asambleas a los derechohabientes del ISSSTE para la conformación y capacitación de los Comité de Salud para el Bienestar que administrarán los recursos, los cuales serán conformados por una presidenta o presidente; una tesorera; y una secretaria o secretario técnico, que podrá ser un trabajador de la salud de la clínica. Así como de un área de vigilancia y supervisión, vocales de salud y un facilitador del Comité, que será un servidor de la nación.

Una vez que se conformen los Comités se definirá el Plan de Trabajo y la entrega de las Tarjetas del Banco para el Bienestar. Puntualizó que las unidades que serán beneficiadas se ubican en los 32 estados de la República; en 499 municipios de 529 localidades, así como en 238 regiones de trabajo de esta dependencia.

IMSS Bienestar: La Clínica es Nuestra

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que en 2025 La Clínica es Nuestra integrará al ISSSTE, por lo que los 6 mil 300 mdp que se destinarán a este programa serán distribuidos de acuerdo al número de consultorios de los centros de salud: las unidades pequeñas con un solo consultorio recibirán monto de aproximadamente 350 mil pesos, mientras que las clínicas más grandes que cuentan con cinco o seis consultorios recibirán alrededor de un millón 100 mil pesos.

Destacó que en 2024 con La Clínica es Nuestra se intervinieron 11 mil 816 centros de salud; se hicieron 26 mil acciones de infraestructura; más de 11 mil compras de equipamiento mobiliarios y más de 10 mil compras de instrumental.

Además, resaltó que el 95 por ciento de la población considera que se va a brindar una mejor atención con la implementación de La Clínica es Nuestra; el 96.2 por ciento ve positivo el cambio generado con este programa y más de la mitad los considera excelente.

“Vamos a seguir trabajando todos los días para el florecimiento del primer nivel de atención de nuestro país bajo el liderazgo y la visión de nuestra Presidenta”, comentó.

Durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, el coordinador de Infodemia, Miguel Elorza Vásquez, presentó la sección “Detector de Mentiras” en la cual se desmintieron algunas notas divulgadas en medios de comunicación y redes sociales relacionadas con supuestos aumentos en el precio de las gasolinas, multas millonarias por colocar cámaras de vigilancia; compra de votos en la elección del 2024 y sanciones a servidores públicos que participan en la elección del Poder Judicial.
) acapulcopress.com

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