] COCHABAMBA. * 17 de julio de 2020.
| AP.
En la ciudad boliviana de Cochabamba se repite una escena cada mañana: largas filas de personas que esperan comprar dióxido de cloro para ingerirlo con la esperanza de combatir el nuevo coronavirus.

El uso de este compuesto químico desató una controversia política en el país. Mientras que el gobierno interino de Jeanine Áñez lo desaconseja al igual que organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), simpatizantes del expresidente Evo Morales que actualmente controlan el poder legislativo lo promueven.
Según la OPS, el dióxido de cloro es un gas de color amarillo-rojizo utilizado como blanqueador que al mezclarse en agua genera iones clorito. Ambas especies químicas son altamente reactivas, por lo que tiene capacidad de eliminar bacterias y otros microorganismos en medios acuosos. Sin embargo, el organismo no recomienda utilizar ningún producto a base de este compuesto bajo ninguna circunstancia —trátese de pacientes contagiados o no— porque no hay evidencia sobre su eficacia y su ingesta o inhalación podría ocasionar graves efectos adversos.

Por su parte, la FDA lo cataloga como un desinfectante que puede dañar la salud y advirtió por primera vez sobre su consumo en 2010.

La gente de Cochabamba ha acudido a este producto en medio de la desesperación de saberse en una de las ciudades más castigadas por el COVID-19. El principal problema que enfrenta esta región del centro es que sus hospitales públicos y servicios funerarios se han visto rebasados, por lo que en semanas recientes llegaron a observarse ataúdes y fallecidos en las calles.

Andrés Poma, un profesor de 34 años, dijo a The Associated Press que él toma dióxido de cloro para prevenir el contagio de COVID-19 porque, según le dijo un familiar, al ingerirlo se recuperó. “Tengo miedo, hay que intentar”, dijo. “¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que me muera en la puerta del hospital o en la puerta de mi casa?”.

El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de un acumulado de 52,218 casos y 1,942 decesos. Cochabamba reporta un total de 5,926 casos y 437 muertos, teniendo la tasa más alta de letalidad a nivel nacional.

Al poco tiempo de que el dióxido de cloro empezara a consumirse en Bolivia, el Ministerio de Salud informó que se registraron varios casos de intoxicación y precisó que al menos cinco se dieron en La Paz. “El Ministerio de Salud, no puede arriesgarse a recomendar algo que no tenga una base científica”, dijo el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado.

El doctor Antonio Viruez, del Hospital del Norte ubicado en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz y donde están hospitalizados los pacientes intoxicados, se refirió al caso más grave en un informe difundido a medios.

“Se automedicó con dióxido de cloro y no sólo por eso, también tomó ivermectina (un antiparasitario que ha demostrado eficacia en el combate a algunos virus). Él tenía solo resfrío y pensó que tenía COVID-19. Al automedicarse el riesgo es alto y entendemos que los hospitales están llenos y la desesperación está haciendo que lo consuman, pero es peligroso”, dijo el médico. “Este paciente ahora tiene una neumonitis, sus pulmones no están funcionando bien, el dióxido de cloro es sólo un desinfectante y es peligroso”.

Yendo en contra del gobierno de Áñez, la Asamblea legislativa Plurinacional dominada por el partido de Morales impulsa un proyecto de ley que promueve su uso. La Cámara de Senadores lo aprobó la semana pasada y autoriza “de forma excepcional, la elaboración, comercialización, suministro y uso de la solución de dióxido de cloro para la prevención y tratamiento del coronavirus”. El diputado Remberto Calani dijo que presentó el proyecto para evitar la comercialización de un mercado negro.

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, del partido de Morales, informó que ha acordado impulsar una ley departamental para que se pueda autorizar la medicación del dióxido de cloro y otros productos alternativos, como la medicina tradicional. El alcalde de la ciudad, José María Leyes, planteó la distribución gratuita del compuesto químico para los pacientes de COVID-19.

Federico Anza, un naturista con estudios en bioquímica que tiene una tienda en la que prepara y vende el dióxido de cloro en Cochabamba, dijo a la AP que si bien él y su equipo de trabajo no ha hecho una investigación propia, se cree que el producto “oxida al virus, o sea, lo chamusca”. Su local lo vende en presentación líquida y se ingiere en gotas.

“Yo, mi esposa lo consumimos y no nos ha pasado nada”, dijo. Según él hay al menos 40,000 personas que lo compraron sin reportar alguna intoxicación, pero el servicio de salud departamental confirmó diez intoxicados en una semana.

Fernando Rengel, presidente de la sociedad científica de la ciudad, explicó que el miedo y la desesperación están llevando a la gente a consumir el producto. “Esto viene de muchos años atrás, que es milagroso que sana el cáncer, VIH, la malaria entre otras, pero no hay un estudio científico que pruebe que cura alguna enfermedad”.

Corte federal de EU restaura el DACA

] PHOENIX. * 17 de julio de 2020.
| AP.
Una corte federal de Maryland falló el viernes que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) debe ser restaurado totalmente, lo cual significa que debe abrirse a nuevos solicitantes por primera vez en tres años.

El programa concede permisos de trabajo y protege de la deportación a los inmigrantes traídos de niños a Estados Unidos pero que no tienen un estatus migratorio legal.

El mes pasado, la Corte Suprema falló que el presidente Donald Trump no puso fin al programa de manera debida en 2017. Los abogados especializados en inmigración alegaron que eso significaba que el gobierno de Trump debía comenzar a aceptar nuevas solicitudes, pero al parecer no lo ha hecho todavía. Trump aún puede poner fin al programa.

Unas 650.000 personas están inscritas en el DACA, pero sólo han logrado renovaciones quienes ya estaban en el programa cuando concluyó.

El Instituto de Política de Inmigración, un grupo apartidista de expertos, calcula que 66.000 inmigrantes jóvenes más cumplen ya el requisito de la edad mínima de 15 años para acceder al DACA y tendrían derecho a hacerlo con la restauración del programa.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que está revisando el fallo.